Soria envió al Senado una modificación al régimen disciplinario en las cárceles. Estudian cupos penales y cuestionan la ley de flagrancia. Tensión en el Frente de Todos.
Con un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos en Diputados, el kirchnerismo inició el último jueves un debate hacia una reforma de corte garantista para evitar abusos contra detenidos e impedir la superpoblación carcelaria, que podría generar chispazos en el Frente de Todos.
En la teleconferencia organizada por los diputados del Frente de Todos Carolina Gaillard y Hugo Yasky participaron voces críticas con el colapso penitenciario, que adjudicaron a las restricciones de las salidas transitorias y al régimen de flagrancia, un sistema implementado en 2016 que permite un juicio sumarísimo a quienes sean hallados en el momento del delito.
Una de las expositoras fue la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia e interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPN), María Laura Garrigos, quien reconoció que las cárceles y las comisarías están abarrotadas y nada podrá cambiar en su gestión.
Garrigos fue la presidenta de Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales cercanos al kirchnerismo, asumió en su cargo ni bien aterrizó en la Casa Rosada Alberto Fernández, pero sus reformas no vieron la luz el año pasado.
Denuncian superpoblación en las cárceles y reclaman bajar las penas máximas
Fue necesaria la salida de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia y la llegada de Martín Soria para activarlas, ya sea con debates abiertos o proyectos de ley como el que hace un mes el Ejecutivo envió al Senado para modificar el régimen de disciplina en el Servicio Penitenciario, con límites precisos a las autoridades carcelarias.
Para supervisarlas, el proyecto crea una Comisión de Disciplina, integrada por personal superior de igual «jerarquía y rango» que los carceleros, uno abogado o abogada, quienes controlarán que no haya sanciones por encima de las tipificadas y se respeten los «principios de lesividad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad».
También se promueven mecanismos alternativos antes de aplicar sanciones, un «abordaje técnico e interdisciplinario de los problemas de convivencia» y comprobar cada falta antes de tomar medidas, que además no podrán afectar «la salud y la dignidad de las personas».
Quedarían prohibidas las sanciones corporales, la falta de acceso a comida, el encierro en celdas sin acceso a sanitarios y en ninguna situación se podrá castigar a mujeres embarazadas. Y, sobre todo, la ley busca garantizar el derecho a defensa de los detenidos, quienes no podrían dejar de recibir visitas o quedar incomunicados. Fuente:LPO
